LA URGENCIA ELECTORAL DEL GOBIERNO DERIVA EN UN REGISTRO DE HORARIOS CAÓTICOS

Cerca de tres millones y medio de empresas están obligadas desde hoy a registrar, o al menos demostrar que trabajan para hacerlo, la jornada diaria de trabajo de 16 millones de asalariados. Hacer una contabilidad del tiempo de trabajo no es nuevo. Sí lo es exigir la garantía de su registro diario, la herramienta con la que el Gobierno quiere aflorar las horas extra del mercado laboral español y hacerlo además teniendo en cuenta la organización del trabajo en el siglo XXI.

La Encuesta de Población Activa (EPA) señala que el mercado laboral español realiza cada semana 2,6 millones de horas extraordinarias no pagadas, que se concentran fundamentalmente en contratos a tiempo parcial y entre trabajadoras. Según Empleo, en algunos sectores el porcentaje de horas extra sin pagar llega a ser el 80%. Nadie en el mercado laboral discute la necesidad de abordar este problema con un mayor control que, por otra parte, está a punto de ser avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El problema es que, tras dos meses desde su publicación, la ley tramitada con carácter de urgencia y negociada en pleno periodo preelectoral junto a otras como la subcontratación, convenios, ultraactividad… no sólo ha confundido a la práctica totalidad de las empresas españolas, que el día de su entrada en vigor no tienen claro a qué atenerse. También a sus prescriptores, es decir, el Ministerio de Trabajo. «La redacción de la ley del registro de jornada es la que es, que es la que tenemos que cumplir, pero a lo mejor lo hubiéramos redactado de otra manera», admitían altos cargos ministeriales dos semanas antes de las elecciones.

A día de hoy la gran mayoría de las empresas españolas reconoce no estar preparada para disponer de un registro diario «fiable, trazable y no manipulable» para su comprobación por parte de la Inspección de Trabajo. A día de hoy también, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Ministerio de Trabajo tienen ciertas lagunas que no han resuelto, particularmente en el desarrollo reglamentario. En algunos aspectos como los relativos a la protección de datos de los trabajadores, los expertos en derecho laboral sostienen que las empresas están expuestas a una inseguridad jurídica que nadie les aclara.

La propia secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, así lo reconoció el pasado 23 de abril en una visita informativa a la CEOE junto a Mar España, responsable de la AEPD.

«La Ley establece una serie de derechos digitales pero ya lo advierto: la Agencia no va a ser competente sobre todos estos derechos», indicó España. «Se lo pueden preguntar a la Secretaria de Estado. A mí nadie me respondió cuando planteé quién garantizaría esos derechos en la ponencia de las enmiendas a la ley».

«Tendremos que ver. Ellos (la AEPD) mandan, nosotros no tenemos competencia y tengo muchas dudas», respondió por su parte Valdeolivas. La responsable de Empleo reconoció que aún no se habían analizado modelos de registro que no pusieran en peligro la protección de datos. Añadió que «en periodo electoral» no cabía una reunión con la AEPD que aclarara la situación a las empresas.

Dos semanas después, la reunión no se ha producido, según la agencia. De hecho, al tratarse de un Real Decreto -el último en materia laboral de los denominados viernes sociales- no se exigió a la AEPD un informe preceptivo sobre la materia, así que no es extraña la laguna institucional sobre cómo afecta la normativa de protección de datos a un control efectivo de la jornada laboral.

Valdeolivas aseguró estar en esos días respondiendo a dudas de todo tipo sobre la aplicación del registro de jornada y reconoció la necesidad de aclararlas. El pasado viernes, Trabajo anunció la publicación de una Guía práctica para las empresas sobre el control diario de la jornada laboral que se distribuirá mañana, con la ley ya en vigor.

En cualquier caso Empleo asegura que la Inspección de Trabajo no acudirá desde mañana a «pescar a martillazos». Trabajo ha dado un periodo de gracia a las empresas que no está claro cuándo vencerá, aunque la fecha de 13 de agosto se ha mencionado varias veces de manera oficiosa.

Por el momento, un documento que acredite que se está negociando la aplicación del registro de jornada diario debería bastar para evitar unas multas que, cuando se produzcan, harán crecer un capítulo que no destaca por su volumen en los ingresos anuales por expedientes de la Inspección, que ascendieron a 279 millones de euros en 2017.

En cualquier caso, el clima laboral promete cierta tensión. A día de hoy, el 40% de las denuncias a la Inspección se refiere precisamente a este tema y las sanciones oscilan entre 600 y 6.000 euros. Las de la AEPD multiplican esas cifras. Aunque el listón máximo sube a 20 millones de euros, una infracción grave como no proteger suficientemente el registro llega al 2% de la facturación.

Fuente: ElMundo.es https://www.elmundo.es/economia/2019/05/12/5cd721ea21efa0ec328b45fa.html