En los últimos años, el secuestro de datos, conocido técnicamente como ransomware, se ha convertido en una de las amenazas más persistentes y costosas para los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en España.
Según el Informe de Ciberpreparación 2025 de Hiscox, casi un tercio de las pymes ya ha sufrido este tipo de ataque, en el que los ciberdelincuentes cifran los archivos de una empresa y exigen un rescate para liberarlos. A pesar de que muchas organizaciones optan por pagar para evitar la filtración o pérdida de información crítica, los resultados demuestran que esta decisión no siempre garantiza la recuperación de los datos.
Los datos de este estudio son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta el tamaño y la naturaleza del tejido productivo español, donde las pymes constituyen la columna vertebral de la economía. Estas empresas, con recursos técnicos y humanos más limitados que las grandes corporaciones, se enfrentan a un dilema delicado: pagar puede ser la vía más rápida para intentar recuperar el control de sus sistemas, pero no siempre ofrece los resultados esperados y, en muchos casos, puede abrir la puerta a nuevas exigencias por parte de los atacantes.
Además, la creciente sofisticación de los ataques y la evolución de los vectores de infiltración complican aún más la respuesta empresarial. Hoy en día, los ciberdelincuentes no solo se aprovechan de vulnerabilidades técnicas, sino también de fallos humanos y debilidades organizativas, lo que hace que la prevención y la preparación sean cada vez más cruciales.
La recuperación de datos tras un ataque de ‘ransomware’ apenas supera el 50%
El Informe de Ciberpreparación 2025 revela que solo el 57% de las pymes españolas que pagan un rescate tras un ataque de ransomware logran recuperar algunos o todos sus datos. Esto significa que más de cuatro de cada diez empresas quedan sin recuperar información clave, pese a haber cedido a las exigencias de los ciberdelincuentes.
El mismo estudio subraya que el 31% de las pymes afectadas descubrió que la clave de recuperación proporcionada por los atacantes no funcionaba, mientras que el 29% sufrió un nuevo ataque tras el incidente inicial. Estos datos evidencian que, lejos de ser una solución definitiva, pagar un rescate puede dejar a las empresas en una situación aún más vulnerable.
Además, en un 28% de los casos los atacantes exigieron pagos adicionales, y casi la mitad de las pymes (un 46%) tuvo que reconstruir completamente sus sistemas incluso después de recibir una clave de descifrado válida. Esta última circunstancia supone un coste adicional en tiempo, recursos y reputación, que muchas pequeñas empresas no están en condiciones de asumir fácilmente.
El riesgo no termina con el pago: el 25% de las pymes que accedieron a pagar vieron filtrada su información sensible, una cifra que ha aumentado notablemente respecto al año anterior y que demuestra cómo los ciberdelincuentes pueden utilizar los datos como moneda de cambio más allá del propio rescate.
El pago no es garantía para recuperar los datos
Por estas razones, muchos analistas de ciberseguridad insisten en que el pago del rescate no debe considerarse nunca la primera línea de defensa. La falta de garantía en la recuperación y el potencial de futuras extorsiones hacen que esta opción sea, en muchos casos, poco recomendable si no va acompañada de estrategias más amplias de protección y respuesta.
Más aún, la presión de tiempo, el miedo a las consecuencias en la reputación y la falta de preparación interna empujan a muchas pymes a optar por pagar, aunque esto no siempre se traduzca en resultados positivos.
Este enfoque reactivo contrasta con las prácticas preventivas que, según los expertos, pueden reducir significativamente la probabilidad de sufrir estos ataques y minimizar su impacto cuando ocurren.
En un contexto donde el ransomware sigue evolucionando y los recursos para afrontarlo no siempre están disponibles, las pymes se encuentran en una encrucijada crítica: la necesidad de proteger sus datos de forma proactiva frente a un riesgo que afecta ya a uno de cada tres negocios en España.
Fuente: autonomosyemprendedor.es